Comunicado solidario con nuestras compañeras encausadas en el País Vasco
En respuesta a la situción judicial de algunas compañeras de profesión en el Pais Vasco queremos compartir públicamente el siguiente comunicado:Una vez hecho público el comunicado de ETA del cese de la violencia armada en 2010 y transcurrido un tiempo de actividad de diferentes asociaciones civiles en defensa de los derechos humanos de los presos vascos, abogados y psicólogos, se producen múltiples detenciones en el País Vasco entre otoño del 2013 y el 2015 en el marco de la llamada “Operación Pastor”. Entre estas personas fueron detenidos tres psicólogos y una trabajadora social. Una de las psicólogas, Oihana Barrios es miembro de la junta de la sección de DDHH de la AEN. Su delito pasa por sus visitas a presos y presas como psicóloga y llevar el seguimiento de su salud psíquica y emocional. La otra psicóloga, Nagore López de Luzuriaga realizaba su trabajo con su compañera Izaskun (Trabajadora Social) en la asociación ETXERAT, que es la asociación de los familiares de los presos. Y por último el compañero psicólogo Fernando Arburua que pertenecía a Jaiki Hadi (asociación abertzale en defensa de la salud de los presos) y que realizaba el trabajo de coordinar a médicos y psicólogos para realizar el seguimiento de los presos enfermos. Personas y asociaciones que han participado, por ejemplo, en el valioso trabajo sobre “Incomunicación y Tortura” publicado en el 2014. Los detenidos quedaron en libertad en espera de juicio y ahora les ha llegado la petición fiscal que oscila entre 8 años hasta 20 como máximo. A los psicólogos les piden 11 años de cárcel. Sus acciones han sido velar por la defensa jurídica y atención sanitaria de los presos y presas vascas y ejercer la atención psicológica de personas encarceladas y sus familiares. Esas 48 personas encausadas, entre ellas nuestros compañeros de profesión, serán juzgados en otoño de 2018.
Al margen de compartir o no su ideario político, desde la Associació Catalana de Professionals de la Salut Mental reivindicamos el libre ejercicio de la profesión y el derecho de todas las personas a recibir una atención digna en materia de salud mental. Queremos subrayar la gravedad del asunto pues con esta operación cabría pensar que las personas presas, detenidas o afectadas por su compromiso con unas ideas y proyectos políticos enfrentados al hegemónico en un momento dado no son dignas de ser atendidas o merecen menos derechos que otros. Creemos que eso es una grave vulneración de los DDHH y su enjuiciamiento penal una barbaridad. Porque los derechos a la asistencia médica o psicológica no dejan de tenerse al traspasar las puertas de la prisión o de la comisaría.
Por todo esto, queremos mostrar nuestro apoyo y solidaridad con nuestras compañeras de profesión. El que las condiciones políticas fueran poco propicias para su actividad profesional añade un valor extra a su voluntad y a su accionar.
